Los Abogados del departamento de Derecho Administrativo, prestan asesoramiento jurídico a las distintas administraciones públicas, empresas privadas y particulares. Elaboran informes y dictámenes, llevan a cabo negociaciones y asumen la defensa letrada en procedimientos administrativos y contencioso-administrativos en las siguientes materias específicas:


Redacción de contratos, la elaboración de pliegos de cláusulas administrativas y otros documentos contractuales,  asesoramiento en las licitaciones, la redacción de informes y dictámenes y asesoramiento en procedimientos relacionados con la impugnación, interpretación, modificación y resolución de contratos administrativos, tanto en vía administrativa (recurso especial en materia de contratación) como contencioso-administrativa.

Elaboración de instrucciones de contratación para las entidades del Sector Público, así como en la reclamación al Sector Público en situaciones de morosidad y por responsabilidad contractual de cualquier índole.

Asesoramiento en expedientes de clasificación ante la Junta Consultiva de Contratación Administrativa

Asesoramiento en contratación en materia de aguas, costas, minas, carreteras, puertos, energías renovables y en nuevas tecnologías de la información.

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Redacción de contratos de concesión de obra pública y otros tipos de colaboración público-privada.

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Asesoramiento en procedimientos administrativos: 

Sancionador: Infracciones de diversa índole (tráfico, Agencia Tributaria, medio ambiente) y cuantía. Nos ocupamos del recurso en vía administrativa, así como ante el tribunal Económico Administrativo o Tribunal de lo Contencioso-Administrtivo correspondiente, aconsejando siempre a nuestros clientes, sobre la conveniencia o el interés real que puede tener el recurso.

Impuestos ante las distintas administraciones tributarias públicas, locales, autonómicos y de la Administración del Estado.

Procedimiento Contencioso Administrativo en todas las instancias e impugnación de resoluciones administrativas, incluso en materia de funcionarios.

 

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Redacción de proyectos normativos o reglamentarios, tanto de ámbito  municipal,  autonómico  como estatal.

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Asesoramiento a las administraciones en la gestión del patrimonio y a entidades privadas en relación con el uso y disfrute (concesiones, autorizaciones, etc.) de los bienes públicos o en los procesos de adquisición del patrimonio de las administraciones (acciones de sociedades públicas, privatizaciones, etc.)

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Asistencia jurídica a empresas beneficiarias y particulares en procedimientos expropiatorios; carreteras, tendidos eléctricos, telefónicos, red de transporte de agua, gas, fines medioambientales, construcción de vías férreas (AVE) y convenios alternativos, así como en todo lo relacionado con los procedimientos de reversión expropiatoria.

Contamos, además, con buenos peritos, que nos ayudan a defender con fundamento la obtención de un precio justo.

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Tramitación de todo tipo de subvenciones y ayudas (expedientes de solicitud, reintegro, etc.) tanto en vía administrativa como contenciosa.Organización y funcionamiento de las administraciones públicas

Asesoramos a administraciones públicas territoriales, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, en cuanto a su régimen jurídico, organización y funcionamiento. Constitución de entidades asociativas (mancomunidades y consorcios).

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Asesoramiento  en el ámbito del urbanismo, tanto en materia de planeamiento como en gestión y disciplina

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La regulación de estas actividades está contenida en leyes especiales y, al depender de concesiones o autorizaciones administrativas, se generan a menudo, conflictos de intereses entre particulares o frente a la administración.

 

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Si con motivo de una actuación normal o anormal de la Administración, se producen pérdidas, perjuicios o daños para un particular, que no tenga obligación de soportar, ha de ser indemnizado por ello. La experiencia de este despacho en la materia es amplia y los logros muy reseñables

 

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En la actualidad, las distintas Administraciones tienden a la protección del medio ambiente sin considerar, en muchos casos, los derechos individuales de las personas, colectivos y empresaLa aprobación de espacios naturales, parques naturales, monumentos naturales, ámbitos de protección de especies, ley de costas, caza, etc. supone, muy a menudo, impedir, sin compensación de ningún tipo, el ejercicio de derechos fundamentales, que la Constitución y las leyes reconocen a todos los españoles, como el derecho a la igualdad, el derecho de propiedad, el de libertad de movimiento y otros, como el derecho al trabajo o la libertad de empresa. Son muchas también las normas de derecho internacional que protegen estos intereses.

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